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Los empleados dicen que el HSD les pide que falsifiquen las solicitudes del SNAP

Por Joey Peters

Múltiples empleados estatales alegaron que el Departamento de Servicios Humanos los instruyó para falsificar números en las solicitudes de cupones de alimentos federales en testimonios explosivos en la corte federal en Albuquerque el jueves por la tarde.

Una de ellas fue Jeannette Roybal, que procesa las solicitudes del Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria, o SNAP, en Las Cruces. Testificó que su supervisor le dijo en enero que inflara los activos de un solicitante del SNAP para que la solicitud se considerara no exigible.

Según la ley federal, las personas que reúnen los requisitos para recibir los beneficios acelerados del SNAP basados en niveles de ingresos extremadamente bajos deben recibir sus beneficios dentro de los siete días siguientes a la solicitud. También se conocen como beneficios SNAP de emergencia. Pero muchos de estos casos que parecían calificar no fueron resueltos por el HSD dentro de esa cantidad de tiempo, lo que llevó a los casos atrasados, de acuerdo con múltiples testimonios.

"No había recursos en el caso para añadir", dijo Roybal ante el tribunal. "No es la forma adecuada".

Sandra Saiz, gerente de línea de la División de Apoyo a los Ingresos en Portales, testificó que los altos mandos alentaron a su lugar de trabajo a agregar activos falsos a las solicitudes de SNAP para que el departamento pudiera reducir su creciente lista de casos de SNAP acelerados atrasados.

"La directriz era hacer lo que fuera para que no se exediera", dijo Saiz en su testimonio.

Por lo general, eso significaba tratar de "encontrar algo que se había perdido en alguna parte" en la solicitud de prestaciones, según Saiz. Pero cuando un abogado del Estado le preguntó si alguna vez se había inventado un número para añadirlo a una solicitud, respondió: "Lo hago muy pocas veces, no me gusta hacerlo, pero sí, lo he hecho".

El testimonio se produjo durante una audiencia para una moción legal que pide que el HSD sea declarado en desacato por no cumplir con las disposiciones de un decreto de consentimiento de 25 años. El decreto de consentimiento fue el resultado de una demanda que alegó que el departamento no procesó correctamente las solicitudes de cupones de alimentos y Medicaid.

El Centro de Derecho y Pobreza de Nuevo México está solicitando al tribunal federal que designe un monitor independiente para supervisar varias funciones del HSD, incluyendo el ISD.

La directiva de la oficina de Portales ISD provino del gerente de la oficina regional en abril de 2015, según la procesadora de casos Ángela Domínguez.

"Vino y dijo que habían sido seleccionados para la revisión federal", dijo Domínguez durante su testimonio. "Le preocupaba cómo íbamos a justificar [los casos acelerados atrasados]. Nos dijo: 'Podéis entrar y comprobar y añadir activos'".

La adición de activos, dijo Domínguez, ampliaría el período de tiempo que el HSD tenía para procesar estos casos. Pero eso significa que las personas que califican para los beneficios acelerados de SNAP no los recibirán.

"En mi opinión estamos engañando a esas familias", dijo Domínguez en su testimonio.

La dirección del HSD llegó a cambiar las notas de los casos de un tramitador para mostrar que reflejaban la adición de activos a una solicitud, según Margaret Vásquez-Padilla, que trabaja en el ISD en Taos. Vásquez-Padilla testificó que procesó un caso de SNAP acelerado y vencido al que sus superiores añadieron posteriormente 400 dólares en activos.

"¿Cómo reflejaron 400 dólares en activos?" preguntó durante la audiencia Sovereign Hager, abogada del Center on Law and Poverty.

"Simplemente los ponen ahí", respondió Vásquez-Padilla.

Vásquez-Padilla dijo que sabía que sus superiores habían cambiado las notas de su caso en la solicitud. Dijo que conservaba sus antiguas notas del caso "porque esto ya había ocurrido antes".

Otro empleado del ISD, Frederick García, testificó que sabía que los empleados añadían activos falsos a las solicitudes del SNAP.

"Lo veré citado como 'efectivo en mano'", dijo García, que trabaja en Las Cruces.

Durante su testimonio, el secretario del HSD, Brent Earnest, argumentó que recurrir a un monitor independiente, conocido como administración judicial, "parece una receta para el caos". Earnest dijo que tales medidas costarían dinero que de otro modo podría destinarse a los pobres.

Al abordar la demanda en su conjunto, Earnest reconoció que "comete errores" y que "todo el mundo en el departamento va a cometer errores", pero que el HSD "tiene una forma de abordarlos".

Shanita Harrison, subdirectora de la DSI, abordó las alegaciones de los empleados acusando a cuatro de los que testificaron sobre los activos falsos de cometer errores en sus casos.

Durante su propio testimonio, Harrison acusó a García de marcar como acelerado un caso de SNAP que no cumplía los requisitos porque la familia implicada "recibió beneficios en Alabama durante el mes de su solicitud".

Harrison también acusó a Domínguez de tramitar un caso que no se agilizó porque la familia tenía 2.200 dólares de ingresos.

Alegó que Vásquez-Padilla cometió un error al tramitar una solicitud de renovación como una solicitud nueva. Por último, Harrison acusó a Roybal de no actualizar correctamente los datos de uno de sus casos.

Los cinco empleados que testificaron dijeron que temían represalias por haber denunciado.

Es probable que los argumentos de cierre de la moción legal se produzcan la próxima semana, tras lo cual el juez federal decidirá si nombra a un monitor independiente para supervisar estas partes del HSD.