Comunicado de prensa: Los demandantes Yazzie/Martínez solicitan una orden judicial para que el Estado elabore un plan educativo transformador dirigido por expertos

Las soluciones inadecuadas y fragmentarias han agravado la crisis de los estudiantes de NM y persisten en la violación de sus derechos constitucionales

Santa Fe, NM - Los estudiantes en riesgo de Nuevo México aún no están recibiendo una educación constitucionalmente suficiente y el estado no ha desarrollado un plan de remedio, acusaron los demandantes Yazzie/Martínez en una mordaz moción presentada hoy ante el Tribunal del Primer Distrito Judicial. La moción conjunta de Yazzie/Martínez insta al tribunal a ordenar al estado que inicie un proceso de colaboración, dirigido por el Comité de Estudio de Educación Legislativa (LESC), para desarrollar un plan de acción integral para abordar las fallas sistémicas descritas en el fallo del tribunal de 2018 y las conclusiones de hecho. La moción fue presentada sin oposición por el estado, representado por el Procurador General de Nuevo México, y pide que el plan se desarrolle con el aporte de los demandantes, líderes y expertos en educación, funcionarios del gobierno estatal y tribal, el Departamento de Educación Pública (PED) y defensores. También pide que el plan integral incluya plazos específicos, medidas y mecanismos de rendición de cuentas. 

La demanda Yazzie/Martínez contra el Estado de Nuevo México , un caso histórico que aborda las desigualdades educativas en Nuevo México, puso de relieve importantes deficiencias en la prestación de educación por parte del Estado que afectan a los estudiantes nativos americanos, los estudiantes de inglés, los estudiantes con discapacidades y los estudiantes con bajos ingresos, considerados "en riesgo" por el tribunal. 

La reciente moción aborda varias áreas críticas:

  • Desarrollo de un plan integral y estratégico: La moción pide la creación de un plan dirigido por el LESC, que debe incluir medidas específicas y mecanismos de rendición de cuentas para supervisar los progresos y garantizar el cumplimiento de las órdenes del tribunal.
  • Mejora de los resultados de los alumnos: Intervenciones dirigidas con el fin de abordar todo el espectro de necesidades de los alumnos en situación de riesgo y que mejoren sus resultados y oportunidades educativas.
  • Financiación específica y sostenida: Garantizar que los fondos se destinan adecuadamente a los cuatro grupos de estudiantes y se mantienen para apoyarles a largo plazo.
  • Abordar los problemas de capacidad del PED: Reforzar la capacidad del PED para aplicar y supervisar eficazmente las reformas educativas.

En mayo de 2022, el PED emitió un proyecto de plan de discusión que pretendía responder a la sentencia judicial y recibió respuestas sustanciales de los demandantes, defensores, expertos en educación y miembros de la comunidad que plantearon serias preocupaciones de que no abordaba los elementos críticos necesarios para lograr el cumplimiento. Estas preocupaciones incluían la falta de objetivos claros en consonancia con la orden judicial y las conclusiones, la falta de medidas a corto y largo plazo, la falta de financiación específica, la falta de plazos claros y la falta de identificación de las partes responsables. El PED prometió un borrador actualizado para el 30 de septiembre de 2022, pero nunca lo presentó. 

El fracaso del PED para desarrollar e implementar un plan correctivo integral ha tenido consecuencias catastróficas para los cuatro grupos de estudiantes en el centro del caso. Según todos los indicadores, los resultados de los estudiantes y la competencia en lectura, matemáticas y ciencias hoy son tan malos o peores de lo que eran en 2017 en el juicio de este caso. Desde la continua escasez de maestros y proveedores de apoyo a la instrucción, a la falta de planes de estudio culturalmente relevantes y materiales de instrucción y programas bilingües, a las insuficientes oportunidades de aprendizaje extendido, y más, a los estudiantes en riesgo todavía se les niega una educación suficiente y oportunidades educativas a las que tienen derecho. La moción de más de 100 páginas de los demandantes describe sólo una parte del incumplimiento por parte del Estado de las órdenes del tribunal. 

Debido a los continuos fracasos rampantes del PED, los nativos americanos, los estudiantes de inglés, los estudiantes de hogares con bajos ingresos y los estudiantes con discapacidades siguen careciendo desproporcionadamente de los recursos, el plan de estudios y los apoyos sociales que necesitan para obtener la educación que merecen, mientras que las soluciones propuestas tanto en el Marco de Remedios Tribales como en la Plataforma para la Transformación aún no se han adoptado.

Demandantes y defensores exigen reformas inmediatas:

Melissa Candelaria, Directora de Educación del New Mexico Center on Law and Poverty y abogada de los demandantes Yazzie, hizo hincapié en la urgencia de la moción: "Todo lo que queremos para nuestros hijos es que tengan la mejor educación y que tengan éxito en la vida". La sentencia del tribunal era clara, sin embargo la respuesta displicente del Estado en los últimos seis años es decepcionante. Nuestra moción rectifica esto exigiendo un plan concreto y correctivo que ponga al estado en el camino correcto para proporcionar a los estudiantes nativos americanos, a los estudiantes de inglés, a los estudiantes con discapacidades y a los niños económicamente desfavorecidos la educación, los recursos y las oportunidades que se les han negado durante demasiado tiempo. Ya es hora de que el estado dé un paso al frente y cumpla con sus obligaciones". 

Wilhelmina Yazzie, una de las principales demandantes en el caso, declaró: "Sabemos que nuestros alumnos pueden hacer grandes cosas, y que son capaces de mucho más de lo que nuestro Estado cree, sobre todo que son valiosos pase lo que pase. Pero nuestros hijos llevan mucho tiempo esperando que el Estado cumpla su promesa de una educación equitativa y de calidad. Esta moción trata de garantizar que el estado adopte medidas reales y cuantificables para mejorar la educación de todos los alumnos, especialmente de los más desatendidos. Estamos comprometidos a llevar esto a cabo para asegurar que todos nuestros niños en Nuevo México tengan la oportunidad que merecen."

Alisa Diehl, abogada del NMCLP de los demandantes de Yazzie, añadió: "Los estudiantes que constituyen el núcleo del caso merecen una educación de alta calidad que les prepare para la universidad o la carrera profesional, pero el sistema educativo actual sigue fallando en todas las áreas que el tribunal ordenó al estado que abordara inmediatamente hace seis años. Al presentar esta moción, exigimos que el estado desarrolle un plan integral, en colaboración con las ramas legislativa y ejecutiva del gobierno y los expertos y defensores locales de la educación, para cumplir con este derecho fundamental y garantizar que todos los estudiantes de nuestro estado reciban la educación de alta calidad que merecen. Se trata de algo más que de corregir las desigualdades del pasado; se trata de invertir en el futuro de nuestros hijos y de fomentar un entorno en el que todos los estudiantes puedan alcanzar su pleno potencial."

Marsha Leno, otra familia demandante, declaró: "Nuestros hijos siguen siendo nuestra mayor esperanza. Deben ser capaces no sólo de sobrevivir, sino de prosperar en un sistema de educación pública que nuestros antepasados no construyeron ni crearon. No se puede exagerar la necesidad de un plan viable y responsable, que incluya financiación específica para el desarrollo y la aplicación de un plan de estudios cultural y lingüísticamente relevante. Nuestros estudiantes nativos deben ver su historia, cultura y lenguas nativas valoradas y reflejadas en todo el sistema K-12 o de lo contrario seguirán luchando con el trauma personal y socio-emocional de sentirse "no existentes" en nuestras escuelas públicas."

Preston Sánchez, abogado de ACLU Nuevo México para los demandantes Yazzie, dijo: "Hoy, presentamos una moción fundamental pidiendo a la Corte que haga cumplir su fallo anterior ordenando al Estado de Nuevo México que desarrolle un plan integral para remediar las deficiencias de larga data en nuestro sistema educativo. Esta moción es un paso crucial para asegurar que el Estado cumpla con sus obligaciones constitucionales para con todos los estudiantes, preparándolos con las habilidades necesarias para tener éxito después de la escuela secundaria. Estamos comprometidos a responsabilizar al Estado y asegurar que cada niño en Nuevo México reciba la educación de calidad que por derecho merece."

James Martínez, demandante de la familia Yazzie, compartió: "Esta moción es un paso crucial para garantizar que el compromiso del Estado con la educación sea algo más que palabras. Necesitamos un plan para arreglar nuestro sistema educativo. Necesitamos que nuestro Estado lo elabore. Nuestros hijos merecen algo más que promesas: merecen acciones que conduzcan a un cambio real y positivo."

El gobernador de Acoma, Randall Vicente, afirma: "El Estado tiene la obligación de tomar medidas correctivas y garantizar que los niños nativos tengan todas las oportunidades educativas para alcanzar su pleno potencial, incluida la capacidad de seguir participando plenamente en su vida familiar y comunitaria. Apoyamos esta última acción legal que exige al Estado la creación de un plan en el que la dignidad, los conocimientos y los valores de las comunidades nativas sean piedras angulares claras y visibles en la educación de nuestros hijos. Necesitamos ver resultados; necesitamos ver resultados; necesitamos ver que la brecha de rendimiento de los niños nativos se cierra hasta que la brecha desaparezca".

Loretta Trujillo, Directora Ejecutiva de Transform Education NM, añadió: "Sabemos que los estudiantes, las familias y los educadores merecen más de lo que se ha hecho hasta ahora para abordar la sentencia del tribunal de hace seis años. Esta moción es una oportunidad para que el estado cumpla con su obligación de desarrollar un plan para transformar nuestro sistema educativo mientras trae la experiencia de las voces de la comunidad a la mesa colectiva para trenzar tanto la política como los valores de una manera que conduzca a un impacto significativo en cómo se gastan los dólares en la educación pública. Se le pide a la Corte que una vez más defienda a los estudiantes nombrados en la demanda y garantice que hagamos lo correcto, que honremos las leyes y políticas que ya están en estatuto, y transformemos nuestro sistema escolar para servir mejor a todas las comunidades de Nuevo México."

Laurel Nisbett, abogado senior de Disability Rights NM, dice: "Más de seis años después de la sentencia del tribunal en los casos consolidados Yazzie y Martínez, los estudiantes con discapacidad en Nuevo México siguen sufriendo resultados educativos pésimos-durante la escuela, después de la graduación, y como resultado de la disciplina y otras remociones escolares relacionadas con sus discapacidades. Esta moción que solicita un plan de acción correctivo requeriría que el estado cumpliera la promesa de la Ley de Educación para Personas con Discapacidades, con la entrega de educación especial impulsada por la necesidad real del estudiante en lugar de la capacidad limitada de los distritos escolares".

Regis Pecos, presidente de la Tribal Education Alliance, ex gobernador de Cochiti Pueblo y codirector del Leadership Institute de la Santa Fe Indian School, añade: "La crisis educativa es generacional y sistémica. Nuestros fracasos colectivos se están manifestando en un deterioro aterrador y amenazador de nuestra preciada calidad de vida en todos los sentidos. No hay una solución sencilla. Se requiere un compromiso a largo plazo para revisar el sistema y satisfacer las necesidades de los niños con necesidades lingüísticas y culturales únicas y para los niños de un estado agrícola y ganadero mayoritariamente rural. El inmenso fracaso de liderazgo que se refleja en la elevada rotación de personal en el departamento al que se ha conferido la responsabilidad de sacarnos de esta crisis no sólo es preocupante, sino que es un fracaso y una dejación de funciones. Es injusto y no sólo una violación del derecho constitucional fundamental de nuestros hijos, sino que se ha convertido en una violación fundamental de su derecho humano. El coste de nuestro fracaso colectivo y lo que las generaciones futuras heredarán de nosotros es desmesurado. Esto debería ser una llamada de atención". 

Si se concede, el personal del LESC deberá presentar un nuevo proyecto de plan a los demandantes antes del 1 de mayo de 2025.

La moción completa puede consultarse aquí: https://www.nmpovertylaw.org/nmclp_resources/%e2%9a%96%ef%b8%8f-yazzie-martinez-joint-non-compliance-motion-request-for-remedial-action-plan/

Para consultas de los medios de comunicación, póngase en contacto con Paloma Mexika en paloma@nmpovertylaw.org o en el 505-305-2559.

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