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6 de junio de 2024
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Los inquilinos de Española interponen una demanda federal contra el USDA y los arrendadores de apartamentos corporativos por poner fin ilegalmente a la única vivienda asequible de la comunidad
El USDA y los arrendadores infringieron las leyes federales, estatales, de derechos civiles y de arrendamiento, poniendo en peligro la estabilidad y seguridad de varias familias.
ESPAÑOLA, NM-Hoy, inquilinos actuales y anteriores pidieron a un tribunal federal de distrito de Nuevo México que exija al Departamento de Agricultura de EE.UU. (USDA) y a los propietarios anteriores y actuales de los Apartamentos La Vista Del Río (LVDR) detener los aumentos ilegales de alquiler y los desalojos, y hacer cumplir los requisitos de vivienda asequible en la propiedad, incluyendo hacer las reparaciones necesarias para mantener la vivienda segura y habitable. La terminación ilegal del programa USDA en LVDR y las acciones ilegales de los propietarios resultaron en que varias familias de Española se quedaran sin hogar o forzadas a vivir en viviendas que no pueden pagar, perdiendo importantes protecciones para los inquilinos, o sometidas a condiciones inhabitables. El NM Center on Law and Poverty y el National Housing Law Project representan a inquilinos actuales y antiguos en el caso Chávez contra Vilsack.
"Yo era feliz viviendo en La Vista del Río porque era asequible y estaba cerca de mi familia. Necesitaba algunas reparaciones, pero pensé que el casero nos iba a ayudar. En lugar de eso, me dijeron que iban a cerrar el edificio y que tenía que dejar mi casa. Estaba preocupada porque vi cómo cerraron los apartamentos de Santa Clara y la gente no tenía dónde ir", dijo Susie Trujillo, antigua residente del LVDR. "Mi hija me ayudó a conseguir otro apartamento. Mi alquiler es ahora cien veces más de lo que pagaba antes. En lugar de protegernos, el USDA abandonó completamente a nuestra comunidad".
"Nuestra fuerza como estado proviene de nuestras profundas raíces, que crean comunidades muy unidas durante generaciones. Las acciones ilegales tanto del complejo de apartamentos como del USDA han dejado a esta comunidad ante la disyuntiva imposible de tener que renunciar a otras necesidades básicas para pagar los desorbitados aumentos de los alquileres o abandonar Española porque ya no quedan viviendas asequibles. No podemos permitir que se expulse a los habitantes de Nuevo México de sus hogares y comunidades", ha declarado Wolf Bomgardner, abogado de Equidad Económica del Centro de Derecho y Pobreza de Nuevo México. "El USDAy los propietarios deben rendir cuentas para proteger las viviendas asequibles que ayudan a prosperar a las comunidades rurales".
Durante años, el arrendador corporativo de La Vista Del Rio, Bosley Management Inc. de fuera del estado, ignoró las leyes estatales sobre arrendadores e inquilinos al negar las solicitudes de mantenimiento y seguridad en los apartamentos, a pesar de recaudar millones de dólares en subsidios y alquileres del gobierno federal y de los inquilinos. En 2023, el USDA permitió ilegalmente que La Vista Del Rio Apartments saliera del programa de la Sección 515, un programa federal de préstamos que proporciona viviendas asequibles en zonas rurales. A pesar de los requisitos legales de que se mantuviera como vivienda asequible, Bosley Management Inc. vendió el complejo a inversores y envió notificaciones ilegales a los inquilinos avisando de que el propietario iba a cerrar la propiedad. Bosley Management, Inc. está siendo demandada por otros inquilinos por no mantener el único otro complejo de viviendas asequibles en Española, lo que llevó a una condena ilegal del edificio. Debido a que el USDA nunca responsabilizó a LVDR de sus obligaciones legales en el programa de la Sección 515, 121 inquilinos se vieron obligados a elegir entre vivir en mal estado, abandonar su comunidad o quedarse sin hogar.
"Con pocas opciones de vivienda asequible, la incapacidad del USDA para hacer cumplir sus leyes de preservación amenaza la estabilidad de las comunidades rurales y ya ha dado lugar al desplazamiento de familias en Española", dijo la abogada gerente del National Housing Law Project, Natalie Maxwell. "El gobierno tiene la responsabilidad de ayudar a corregir el desequilibrio de poder entre propietarios e inquilinos. Esperamos una resolución inmediata que ayude a mantener a los inquilinos con ingresos más bajos en sus hogares y proteja a las comunidades de color del desplazamiento."
Los nuevos propietarios y gestores de La Vista Del Rio, Villas De Avenida Canada, LLC, presionan ahora a los inquilinos restantes para que se acojan al programa de vales de desarrollo rural, renunciando de hecho a sus protecciones existentes frente a aumentos de alquiler inasequibles y desahucios. El nuevo propietario también se ha negado a hacer las reparaciones necesarias en los apartamentos de los inquilinos restantes a pesar de haber subido ilegalmente los alquileres y de haber renovado las unidades ahora vacías que se ofrecen a "precio de mercado" en el edificio.
ANTECEDENTES
La ley federal impone restricciones de pago anticipado a las propiedades del USDA financiadas antes del 14 de diciembre de 1989. En virtud de estas restricciones, si el USDA determina que el pago anticipado no tiene repercusiones negativas en las oportunidades de vivienda de las minorías, pero no existe ninguna alternativa de vivienda asequible en la comunidad, los propietarios pueden pagar anticipadamente el préstamo sujeto a restricciones de uso. Estas restricciones de uso tienen por objeto proteger a los residentes de la propiedad a partir de la fecha de pago anticipado. A pesar de que la población de Española está compuesta en más de un 85% por personas de color, el USDA aprobó el pago anticipado ilegal del préstamo. En ese momento en 2023, la única otra unidad de alquiler disponible en Española era una habitación individual en una casa móvil por $ 1000.
Los programas de vivienda asequible que protegen a los inquilinos y ayudan a las comunidades rurales a prosperar son fundamentales para el parque de viviendas de Nuevo México. Nuevo México, como gran parte de los Estados Unidos, está luchando para combatir una crisis de vivienda donde hay una escasez extrema de viviendas asequibles y los inquilinos carecen de protecciones contra el abuso de los propietarios. En 2022, la inflación aumentó en Nuevo México a un récord del 9%, el costo de la vivienda aumentó en un 20%, y Nuevo México experimentó el mayor aumento en la falta de vivienda crónica en la nación, un 57,6% más que el año anterior. Mientras que las prácticas comerciales ilegales de los propietarios corporativos corren desenfrenadas, las familias de Nuevo México tienen un precio fuera de las comunidades de las que han sido parte durante generaciones.
El texto completo de la denuncia puede consultarse aquí.