SANTA FE - Hoy, el Primer Tribunal Judicial de Nuevo México dictaminó que una demanda que acusa al Departamento de Soluciones de la Fuerza Laboral (DWS) de hacer cumplir las leyes estatales que protegen a los trabajadores contra el robo de salarios por parte de sus empleadores puede seguir adelante. El fallo de hoy rechaza la solicitud del DWS de desestimar la demanda. Los individuos y grupos que presentaron el caso solicitarán un fallo final de la corte este verano.

El robo de salarios es la práctica ilegal de no pagar a los trabajadores por todo su trabajo, lo que incluye violar las leyes de salario mínimo, no pagar las horas extras y obligar a la gente a trabajar fuera de horario.

La demanda, Olivas v. Bussey, fue presentada en enero de 2017 por cuatro trabajadores que fueron víctimas de robo de salario y las organizaciones de derechos de los trabajadores El Centro de Igualdad y Derechos, Nuevo México Comunidades en Acción y de Fe (CAFÉ), Organizadores en la Tierra del Encanto (OLÉ), y Somos Un Pueblo Unido. Elizabeth Wagoner del Centro de Derecho y Pobreza de Nuevo México (el Centro) es la abogada principal de un equipo legal que incluye a Gail Evans y Tim Davis del Centro, al abogado de Santa Fe Daniel Yohalem y a Gabriela Ibáñez Guzmán de Somos Un Pueblo Unido.

"Nuestro gobierno debería trabajar con nosotros, no contra nosotros, para hacer que los empleadores sin escrúpulos rindan cuentas cuando nos roban los salarios y pisotean nuestros derechos", dijo Ibáñez Guzmán. "Esta administración ha ignorado durante mucho tiempo las condiciones de los trabajadores que luchan en Nuevo México, pero nuestras familias están luchando. Es importante que este caso avance para que las víctimas de robo de salarios puedan ser escuchadas y se exponga el desprecio del departamento por la ley."

"Este fallo reafirma que todos los nuevos mexicanos que trabajan duro -no sólo los que tienen dinero para contratar abogados- merecen ser pagados por cada hora que trabajan", dijo Wagoner. "Nuestro gobierno estatal no puede hacer la vista gorda cuando los empleadores violan las leyes que protegen a los trabajadores".

Nuevo México tiene algunas de las leyes de aplicación de salarios más fuertes del país. En 2009, la legislatura las hizo aún más fuertes. Sin embargo, el DSM se negó ilegalmente a aplicar estas nuevas leyes e impuso políticas internas onerosas y arbitrarias que han permitido a los empleadores sin escrúpulos salirse con la suya en el robo de salarios sin control.

"El fracaso del DWS para hacer cumplir las leyes de salarios y horas de Nuevo México es un ejemplo más de cómo los trabajadores de Nuevo México están recibiendo el extremo corto de la vara en nuestro estado, pero están luchando. Este caso es demasiado importante como para desestimarlo, sobre todo teniendo en cuenta el profundo impacto que el robo de salarios tiene en las familias trabajadoras de Nuevo México. Aplaudimos el fallo y esperamos seguir exponiendo las fallas sistémicas del DWS para hacer cumplir las leyes de salarios y horarios de Nuevo México", dijo Marco Núñez, coordinador de justicia laboral de El CENTRO de Igualdad y Derechos.

Una copia de la sentencia puede encontrarse aquí.

Antecedentes de la demanda:

Las protecciones estatales de Nuevo México contra el robo de salarios incluyen: (1) Indemnización obligatoria por daños y perjuicios a las víctimas del robo de salarios, calculada como salarios atrasados completos, más intereses, más el doble de los daños; (2) Al menos un plazo de prescripción de tres años, o más cuando la violación forma parte de una "línea de conducta continuada"; (3) Un salario mínimo de 7,50 dólares y el pago de horas extraordinarias por horas superiores a 40 a una vez y media la tarifa horaria habitual del empleado; (4) el departamento debe investigar y emprender acciones legales sobre las reclamaciones válidas y ejecutables presentadas por los trabajadores que no pueden permitirse abogados privados.

La demanda acusa a DWS de:

▪ Imponen ilegalmente un tope de 10.000 dólares para el robo de salarios: no investigan ni toman ninguna medida de ejecución en las reclamaciones salariales de 10.000 dólares o más.

▪ impuso un límite de tiempo ilegal de un año a la responsabilidad por el robo de salarios: no investigan ni toman ninguna medida de ejecución en las reclamaciones de salarios atrasados que se remontan a más de un año desde la fecha en que un empleado presenta una reclamación, a pesar de la decisión de la Legislatura de N.M. de 2009 de alargar el plazo de prescripción de las reclamaciones salariales a al menos tres años.

▪ impuso ilegalmente la política de no responsabilizar a los empleadores de ninguna indemnización por daños y perjuicios en la fase de ejecución administrativa de un caso, eliminando así la disuasión financiera por participar en el robo de salarios, a pesar de la decisión de la Legislatura de 2009 de duplicar la pena por participar en el robo de salarios.

▪ adoptó políticas y procedimientos que exigen el cierre permanente de las reclamaciones salariales por razones de procedimiento, como cuando un reclamante incumple un plazo de 10 días, sin tener en cuenta la solidez de la reclamación o si el reclamante recibió notificación del plazo.

La demanda pretende que se ordene al Departamento de Soluciones Laborales que deje de aplicar estas políticas ilegales, así como que el Departamento reabra e investigue los casos afectados por estas políticas.

Los acusados en la demanda son el Departamento de Soluciones de la Fuerza de Trabajo, la Secretaria del Gabinete Celina Bussey y el Director de la División de Relaciones Laborales Jason Dean.

En enero de 2017, el Tribunal del Primer Distrito Judicial emitió una orden de restricción temporal que exigía al Departamento de Soluciones de la Fuerza Laboral que aceptara las reclamaciones salariales sin tener en cuenta el tope ilegal de 10.000 dólares del Departamento o el período ilegal de un año de retroceso y que mantuviera registros de las reclamaciones afectadas por estas políticas.

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