Por Gail Evans, Directora Jurídica del Centro de Derecho y Pobreza de NM

Publicado en el Albuquerque Journal, el lunes 28 de marzo de 2016. Vea el artículo original en http://www.abqjournal.com/747133/opinion/court-was-right-to-halt-bungled-snap-rules.html

A principios de este mes, un tribunal federal detuvo el último esfuerzo de la administración de la gobernadora Susana Martínez para revisar el programa estatal de asistencia alimentaria SNAP porque las revisiones estaban negando ilegalmente la asistencia alimentaria a las personas necesitadas.

Un editorial reciente del Albuquerque Journal criticó al Centro de Derecho y Pobreza de Nuevo México por presentar una demanda para impedir este esfuerzo. Sin embargo, una revisión muy básica de los hechos revela que la demanda detuvo una pesadilla burocrática que dejó a la gente de nuestro estado sin ayuda alimentaria ni oportunidades de trabajo.

El gobernador ha querido revisar la política estatal del SNAP para penalizar a las personas que reciben asistencia alimentaria y que no cumplen ciertos requisitos laborales. Sin embargo, cada intento de imponer estos requisitos ha sido un desastre.

Cuando el Departamento de Servicios Humanos lo intentó por primera vez, en 2014, un tribunal estatal determinó que las normas de la agencia eran tan incoherentes que no se podían descifrar. El departamento volvió a intentarlo este año, pero un tribunal federal determinó que no estaban aplicando las sanciones de forma justa o conforme a la ley.

En la vista, el juez Kenneth González escuchó el testimonio de los propios empleados del departamento de que no tenían forma de controlar quién había cumplido los requisitos de trabajo y quién no. Admitieron que los procedimientos de notificación del departamento eran inadecuados y que los asistentes sociales no estaban formados. Admitieron que los enfermos crónicos y las personas sin hogar habían sido clasificados erróneamente como no elegibles para las exenciones. Escucharon el testimonio de personas a las que se les negó injustamente la asistencia alimentaria y se enteraron de que unos 12.000 nuevomexicanos se vieron directamente afectados por esta chapuza.

Las pruebas eran tan claras y abrumadoras que el juez dictaminó que el departamento debe dejar de aplicar las sanciones hasta que demuestre que puede aplicarlas dentro de la ley.

Una de las funciones del Centro de Derecho y Pobreza de Nuevo México es asegurarse de que leyes como ésta, que afectan a los neomexicanos de bajos ingresos, estén bien diseñadas y aplicadas. Cuando no lo están, buscamos que se repare el problema.

Nuestro personal dedicó muchos cientos de horas durante los dos últimos años a intentar que el Estado hiciera bien las cosas. Pero el Departamento de Servicios Humanos del estado, con grandes déficits de financiación y experiencia administrativa, ha fracasado hasta ahora, causando daños a las personas que lo intentan. El juez Gonzales tenía toda la razón al detenerlos.

Todos los testigos de este caso quieren trabajar y necesitan ayuda para encontrar trabajo. Los habitantes de Nuevo México con bajos ingresos no son perezosos ni tramposos. El problema es que viven en un sistema educativo estatal quebrado y en una economía que se tambalea, entre los peores del país en ambos aspectos.

Lo mínimo que puede hacer nuestro gobierno estatal en tiempos de crisis es administrar con eficacia y eficiencia la red de seguridad pública que exige la ley.

En su lugar, el Departamento de Servicios Humanos tiene que atender a un número récord de personas necesitadas mientras lucha con una financiación inadecuada y un banco de administradores poco capacitados. Apenas son capaces de administrar el programa Medicaid ampliado, que ha sido la mejor fuente de puestos de trabajo y de inversión fuera del estado que hemos tenido en los últimos cinco años.

No tiene sentido que el gobernador aumente la carga de trabajo del departamento con nuevas regulaciones del SNAP, a menos que se puedan implementar correctamente.

La ley federal no exige estas regulaciones en lugares de alto desempleo como Nuevo México. Pero sí exige a los pocos estados que deciden imponerlas que lo hagan de forma legal y justa.

Las personas deben ser notificadas cuando estén sujetas a nuevas regulaciones. Las personas que cumplen los requisitos y las que no pueden trabajar, como las personas con discapacidades o enfermedades crónicas, no deben perder la ayuda alimentaria.

El ataque editorial del Journal al Centro de Derecho y Pobreza y a los tribunales carece de fundamento y desaprovecha una importante oportunidad para ayudar a que nuestro gobierno rinda cuentas de las políticas y prácticas que están afectando indebidamente a miles de personas.