Las comunidades exigen financiación específica, rendición de cuentas y plazos claros.

Santa Fe, Nuevo México — El 19 de febrero de 2026, los demandantes en el caso Yazzie/Martínez contra el Estado de Nuevo México presentaron una moción conjunta para obtener medidas adicionales en la que solicitaban al Tribunal del Primer Distrito Judicial que rechazara el Plan de Acción Correctiva Integral del Estado de noviembre de 2025 y exigiera una revisión legal y ejecutable. El Estado presentó su plan en respuesta a la orden del Tribunal de mayo de 2025 que le ordenaba desarrollar una hoja de ruta concreta para cumplir con la obligación constitucional de Nuevo México de proporcionar a todos los estudiantes una educación suficiente y uniforme.

Los demandantes sostienen que la propuesta del Estado no es un verdadero plan correctivo, sino una recopilación de programas existentes y aspiraciones generales que no explica qué cambios se realizarán, cuánto costarán, cuándo se llevarán a cabo ni quién será responsable si los estudiantes siguen quedando rezagados. Sin esos elementos, sostienen, el plan no puede corregir las violaciones constitucionales que identificó el Tribunal.

En 2018, el Tribunal dictaminó que Nuevo México estaba negando a los estudiantes nativos, a los estudiantes que estaban aprendiendo inglés, a los estudiantes con discapacidades y a los estudiantes de familias con bajos ingresos su derecho constitucional a una educación adecuada. El Tribunal conservó su jurisdicción para garantizar que se corrigieran esas violaciones.

Siete años después, los demandantes afirman que el Estado aún no ha elaborado un plan de acción integral y viable capaz de remediar esas violaciones.

Aunque la financiación global de la educación ha aumentado en los últimos años, los demandantes sostienen que el Estado no ha demostrado cómo esos fondos se destinan a solucionar los problemas específicos identificados por el Tribunal, a producir mejoras cuantificables para los estudiantes que son el centro del caso o a cerrar las brechas documentadas en los servicios y las oportunidades.

Según la moción, el plan del Estado no cumple con la orden judicial de mayo de 2025 porque no incluye:

• Puntos de referencia cuantificables a corto y largo plazo que muestran cómo mejorarán los resultados de los estudiantes.
• Un análisis completo de cuánto costará realmente solucionar los problemas identificados por el Tribunal.
• Compromisos de financiación alineados con las necesidades documentadas de los estudiantes.
• Plazos de implementación claros y estructuras de rendición de cuentas.

La moción también argumenta que el Plan no logra poner en práctica de manera significativa las obligaciones legales existentes en virtud de las leyes estatales y federales en materia de educación, sino que se limita a recopilar programas sin demostrar cómo remediarán las violaciones identificadas por el Tribunal.

Los demandantes basan su demanda en años de aportaciones documentadas de la comunidad, análisis de expertos y testimonios de familias, educadores, líderes tribales, expertos en educación bilingüe y defensores de las personas con discapacidad. Según ellos, esos antecedentes apuntan sistemáticamente a la misma conclusión: un cumplimiento significativo requiere una inversión estructural sostenida y un rediseño del sistema, y no iniciativas temporales o fragmentadas.

Los estudiantes de Nuevo México siguen experimentando deficiencias sistémicas que reflejan las conclusiones del Tribunal de 2018, entre las que se incluyen:

• Protección y expansión insuficientes de la enseñanza bilingüe, de lenguas nativas y de lenguas patrimoniales, sin fuentes de financiación específicas a nivel estatal.
• Sistemas educativos bilingües y multiculturales con financiación insuficiente y aplicación inconsistente, lo que hace que los planes de estudios culturalmente relevantes dependan de la capacidad local en lugar de de estándares garantizados.
• Sistemas de educación especial fragmentados que no abordan de manera coherente las necesidades de los estudiantes con discapacidades a lo largo de todo el proceso educativo.
• Sistemas inadecuados de salud conductual y apoyo a los estudiantes, que contribuyen a medidas disciplinarias desproporcionadas, expulsiones informales, prácticas de restricción y aislamiento, y entornos excluyentes.
• Fórmulas de financiación que no se ajustan de manera transparente a las necesidades de los estudiantes en situación de riesgo o a las deficiencias documentadas en materia de adecuación.
• Escasez persistente de profesores bilingües certificados, de educación especial, nativos y proveedores de servicios relacionados.
• Los procesos de participación tribal que se limitan a la consulta, en lugar de reflejar una verdadera colaboración entre gobiernos y una autoridad compartida.

Si bien el plan del Estado hace referencia a muchas de estas prioridades —incluida la educación bilingüe, los planes de estudio culturalmente relevantes, los apoyos a la educación especial y la consulta a las tribus—, los demandantes sostienen que no las incorpora en estructuras de financiación vinculantes, responsabilidades claramente asignadas a los organismos, asociaciones interinstitucionales definidas o requisitos de aplicación cuantificables capaces de garantizar el pleno cumplimiento.

Lo que los demandantes solicitan al tribunal que ordene

La moción solicita al Tribunal que exija:

• Un plan correctivo reescrito desarrollado en colaboración con los demandantes y expertos en la materia.
• Medidas correctivas específicas vinculadas directamente a cada violación constitucional identificada en 2018.
• Puntos de referencia medibles alineados con los resultados de los estudiantes.
• Un análisis exhaustivo de los costes y un plan de financiación para que los legisladores sepan qué se necesita para satisfacer las necesidades de los estudiantes.
• Plazos claros y mecanismos de rendición de cuentas pública.

Los documentos completos, incluida la Moción para medidas adicionales y las pruebas documentales de apoyo, están disponibles en: https://www.nmpovertylaw.org/nmclp_resources/%e2%9c%8a-yazzie-martinez-plaintiffs-objections-and-motion-for-further-relief/ 

Voces de la comunidad

Wilhelmina Yazzie (Diné), demandante principal:

«Todos los padres quieren que sus hijos vayan a una escuela que respete su identidad y su brillantez. El Tribunal confirmó que Nuevo México estaba negando a nuestras familias ese derecho constitucional fundamental. Siete años después, el Estado ha presentado un documento que sigue sin ofrecer protecciones o garantías reales. Nuestros hijos siguen sufriendo las consecuencias».

Melissa Candelaria, directora de Educación, Centro de Derecho y Pobreza de Nuevo México:

«Durante años, las familias de Nuevo México han realizado el trabajo que se le ordenó al estado. Han documentado las necesidades de los estudiantes, presentado informes escritos, testificado públicamente y participado en procesos de revisión estructurados. Esa evidencia está organizada, es coherente y forma parte del expediente.

El Tribunal afirmó que estas necesidades son obligaciones constitucionales, pero la propuesta del Estado no las traduce en financiación ejecutable, acciones concretas o plazos. El cumplimiento requiere una transformación del sistema, no solo descripciones de programas.

Travis McKenzie, profesor y defensor:

«Cada día vemos lo que funciona para los alumnos cuando se apoyan plenamente su cultura, su idioma y sus necesidades de aprendizaje. Estamos descubriendo y creando soluciones, pero tenemos que sortear retos y obstáculos como los problemas de financiación y la falta de apoyo a nuestras prácticas innovadoras. Queremos garantizar que estas prácticas se mantengan, se refuercen y se apliquen de manera coherente en todas las escuelas. Nuestros alumnos merecen un compromiso a largo plazo para que la enseñanza y los planes de estudios culturalmente sensibles se conviertan en la norma, y no solo en una lucha por sobrevivir y prosperar».

Regis Pecos, copresidente de la Alianza Tribal para la Educación:

«Nuestros mayores nos recuerdan que cuando se pierde el idioma, se pierde la cultura, y cuando se pierde la cultura, nosotros, como pueblo, pereceremos. Quedaremos reducidos a una existencia vacía. La educación debe ser el lugar donde se fortalezcan nuestros idiomas e identidades para la supervivencia cultural. La soberanía tribal y la autodeterminación y el autogobierno indígenas deben reflejarse en una autoridad real y no en una consulta simbólica. Lo que nuestros hijos hereden depende de lo que decidamos proteger hoy. La palabra keres «Skewa» significa dualidad, debemos dar el mismo valor a nuestras lenguas y a todo lo que nos define como pueblo, al tiempo que desarrollamos las habilidades y herramientas necesarias para proteger todo lo que apreciamos a través de una educación equilibrada. Eso definirá el éxito».

Marsha Leno, demandante en el caso Yazzie/Martínez:

«Nuestros hijos merecen algo más que promesas vagas e informes. Después de años compartiendo nuestras historias e ideas, el plan del Estado sigue dejando a nuestros hijos sin el apoyo específico que necesitan para prosperar de verdad. Sabemos lo que funciona: les hemos mostrado lo que hay que hacer. Ahora el plan debe plasmar eso en compromisos reales y vinculantes que marquen la diferencia en las aulas y en las vidas de nuestros hijos».

Loretta Trujillo, directora ejecutiva, Transform Education NM

«Nuestros estudiantes no son el problema. El problema es el sistema. Durante años, las familias y las comunidades han tenido claro lo que se necesita. La equidad no significa pedir a los estudiantes que superen las barreras. Significa rediseñar el sistema para que esas barreras no existan en primer lugar. Eso requiere una inversión sostenida y un cambio estructural, no soluciones temporales».

George Luján, director ejecutivo, SouthWest Organizing Project:

«La participación de la comunidad no es solo una casilla que marcar, es la base de una educación eficaz para todos los niños del estado. No solo queremos que se nos consulte, necesitamos tener autoridad real y ser dueños de las decisiones que afectan a nuestras escuelas y que se pagan con nuestros impuestos. La responsabilidad significa que los planes y las promesas están respaldados por el poder, los recursos y las consecuencias. Nuestros hijos necesitan ver reflejadas sus comunidades y culturas en su educación, y no aceptaremos nada menos que eso».