Por Sovereign Hager, directora de Prestaciones Sociales

Publicado en Source NM el 10 de noviembre de 2025

Como habitantes de Nuevo México, sabemos lo que significa cuidarnos unos a otros. Cuando nuestros vecinos atraviesan dificultades, les echamos una mano. Por eso nuestros líderes estatales intervinieron para garantizar que las familias pudieran seguir recibiendo alimentos durante la terrible y sin precedentes suspensión de los subsidios alimentarios del SNAP. Y por eso la decisión de la administración Trump de bloquear el SNAP durante el cierre del gobierno, a pesar de contar con fondos de emergencia, tocó una fibra tan sensible: no solo es cruel, sino que es innecesario.  

Cuando termine el cierre, muchos empleados federales y sus familias por fin encontrarán algo de alivio. Pero ese alivio no durará mucho. La verdad es que, incluso después de que el Gobierno vuelva a abrir, los recortes en los programas de alimentación y asistencia sanitaria seguirán produciéndose, y están a punto de agravarse.

Entre los detalles del proyecto de ley H.R. 1 —el proyecto de presupuesto federal impulsado por los republicanos de la Cámara de Representantes— se esconden recortes masivos al SNAP, a Medicaid y a los seguros médicos del mercado. Estos recortes afectarán a cientos de miles de habitantes de Nuevo México, privándoles del apoyo que mantiene a nuestras familias estables y sanas. No se trata de interrupciones temporales causadas por un déficit de financiación, sino de cambios estructurales a largo plazo diseñados para privar a nuestras familias de alimentos y asistencia sanitaria.

Los legisladores federales de Nuevo México no se quedan de brazos cruzados. Los senadores Martin Heinrich y Ben Ray Luján, junto con los diputados Melanie Stansbury, Teresa Leger Fernández y Gabe Vásquez, luchan por proteger la ayuda alimentaria y la asistencia sanitaria, así como las clínicas rurales, que son un salvavidas para nuestras comunidades.

En Nuevo México, hemos comprobado lo que funciona. Cuando las familias tienen acceso a alimentos saludables, a la asistencia sanitaria y a una vivienda estable, todo nuestro estado sale reforzado. Hemos logrado avances en los últimos años: hemos ampliado los programas contra el hambre infantil, hemos mejorado el acceso a una asistencia sanitaria asequible y hemos puesto en marcha iniciativas estatales que ayudan a los padres y madres trabajadores a salir adelante. Esos avances se ven ahora directamente amenazados desde Washington D. C.

Ahora que nuestros legisladores se preparan para la próxima sesión legislativa de 30 días, la protección de esos avances debe ser la prioridad. Los legisladores deben continuar la importante labor que se inició en la sesión extraordinaria de octubre: desarrollar soluciones a nivel estatal para proteger a las familias de Nuevo México de los efectos más severos de los recortes de la H.R. 1. Esto implica invertir en nuestros programas estatales de ayuda alimentaria, proteger la cobertura sanitaria, garantizar la financiación de los hospitales y clínicas rurales, y velar por que ningún niño de Nuevo México pase hambre. 

No tenemos por qué aceptar un futuro en el que la política federal decida quién come en nuestras comunidades, quién recibe atención médica o quién se queda atrás. Los valores que definen a Nuevo México —la comunidad, la resiliencia y la compasión— son más fuertes que cualquier recorte presupuestario.

El cierre terminará. Pero nuestra responsabilidad mutua no.