SANTA FE-El Estado de Nuevo México, por su propia admisión, no está cumpliendo con su deber constitucional de proporcionar una educación suficiente a todos los estudiantes y se le debe exigir que desarrolle un plan integral para revisar el sistema de educación pública tan pronto como sea posible, acusaron los demandantes Yazzie en un escrito presentado hoy ante el Tribunal del Primer Distrito Judicial. El escrito argumenta que es fundamental que el tribunal continúe haciendo responsable al estado de la sentencia judicial histórica de 2018 que determinó que el estado estaba violando los derechos de los estudiantes. 

El escrito respondía a la moción del Estado, presentada a mediados de marzo, en la que se pedía al tribunal que desestimara la demanda de Yazzie/Martínez contra el Estado de Nuevo México. El caso Yazzie fue presentado en nombre de las familias y seis distritos escolares. 

"En los mejores y peores momentos, la educación es fundamental para nuestro futuro. Ahora más que nunca, con una economía incierta y una próxima sesión legislativa especial, necesitamos que el tribunal garantice que el estado sea responsable ante los estudiantes y las familias de Nuevo México", dijo Gail Evans, abogada principal de los demandantes de Yazzie. "Han pasado casi dos años desde el fallo de la corte, pero muy poco ha cambiado para los estudiantes y las familias que están en el centro del caso: las familias de bajos ingresos, los estudiantes con discapacidades, los estudiantes de inglés y los estudiantes nativos americanos, que en conjunto constituyen aproximadamente el 80% de la población estudiantil de Nuevo México."  

"La falta de acción del estado ha quedado al descubierto con la crisis del COVID-19, que ha agravado aún más las profundas y continuas desigualdades educativas en todo Nuevo México", continuó Evans. "Nuestro sistema de educación pública todavía carece de la infraestructura básica necesaria para proporcionar un acceso equitativo a la tecnología y a un Internet fiable, y mucho menos a materiales de instrucción cultural y lingüísticamente apropiados. El estado necesita actuar ahora para transformar nuestras escuelas. No hacerlo ha causado un daño irreparable a los estudiantes y al futuro de nuestro estado."

Además de la falta de acceso a la tecnología y a materiales culturalmente relevantes, el informe proporciona pruebas de que miles de estudiantes de inglés todavía no tienen profesores certificados; el aprendizaje extendido y la escuela de verano todavía no están disponibles para todos los estudiantes que los necesitan; más de 25.000 niños de tres y cuatro años todavía no tienen acceso a un Pre-K de calidad; y el estado todavía no financia ni aplica la Ley de Educación Multicultural Bilingüe (1973), la Ley de Educación Indígena (2003) y la Ley de Educación Hispana (2010).

La moción del estado para desestimar el caso argumenta que el tribunal debería confiar en el gobierno estatal, los legisladores y el gobernador para arreglar el sistema escolar. Los demandantes de Yazzie argumentan que la política ha fallado a nuestros hijos y que confiar en que el estado siga sus propias leyes no ha funcionado en las últimas décadas ni en las dos últimas sesiones legislativas después de la histórica sentencia del tribunal. 

El escrito de Yazzie afirma: "Teniendo en cuenta que el Estado no ha cumplido con sus obligaciones antes de que este Tribunal interviniera, ciertamente no se le puede dejar solo para que cumpla con sus obligaciones ahora que el Tribunal ha determinado que los derechos constitucionales están en juego. En lugar de dedicar su tiempo a redactar largas mociones de desestimación para este Tribunal, el Estado podría haber elaborado un plan de cumplimiento para este Tribunal".

El 29 de junio se celebrará una vista sobre las mociones de los demandantes de Yazzie y del Estado.

El escrito de contestación puede encontrarse aquí: https://www.nmpovertylaw.org/yazzie-plaintiffs-response-states-mtd-with-exhibits-a-j-2020-05-01/

La sentencia final de la demanda puede consultarse aquí: https://www.nmpovertylaw.org/wp-content/uploads/2019/02/D-101-CV-2014-00793-Final-Judgment-and-Order-NCJ-1.pdf