El juez aprueba el acuerdo final de la acción colectiva en la demanda presentada por los trabajadores de bajos salarios contra el Departamento de Soluciones de Fuerza Laboral por no hacer cumplir las leyes de pago de salarios de Nuevo México

SANTA FE - Hoy, después de escuchar el testimonio del público, el juez del Primer Distrito Judicial David K. Thomson aprobó un acuerdo de demanda colectiva entre los trabajadores y las organizaciones de derechos de los trabajadores y el Departamento de Soluciones de la Fuerza Laboral (DWS) que garantiza que el gobierno estatal llevará a cabo su deber de hacer cumplir las fuertes leyes contra el robo de salarios de Nuevo México y hacer que los empleadores sean responsables cuando violan estas leyes.

"Esta es una victoria para los trabajadores de bajos salarios y una prueba de que cuando nos unimos, podemos hacer que las instituciones poderosas rindan cuentas", dijo José "Pancho" Olivas, miembro del equipo de miembros de Somos Gallup, Somos Un Pueblo Unido en el condado de McKinley y principal demandante en la demanda. "Durante demasiado tiempo los ladrones de salarios fueron dejados libres. Gracias a este acuerdo, el DWS no sólo hará cumplir nuestra ley contra el robo de salarios de 2009, sino que hará más para garantizar que los trabajadores tengan una oportunidad justa de recuperar sus salarios robados."

El acuerdo de conciliación de la demanda colectiva es una victoria para los trabajadores de Nuevo México y es el resultado de años de trabajo de los trabajadores y las organizaciones de derechos de los trabajadores que abogaron por la aprobación de una ley de 2009 que impone protecciones más fuertes contra el robo de salarios y que presentaron una demanda en 2017 para exigir al DSM que haga cumplir esas protecciones.

"Todos merecemos que nuestros empleadores nos traten de manera justa y nos paguen por cada hora que trabajamos", dijo Elizabeth Wagoner, del Centro de Derecho y Pobreza de Nuevo México, abogada principal de los demandantes. "El DWS trabajó diligentemente con nosotros en este acuerdo de conciliación para asegurarse de que las personas trabajadoras que experimentan violaciones de las leyes de pago de salarios de Nuevo México puedan acceder a su derecho legal a una investigación de sus reclamaciones y recuperar los salarios adeudados."

"En 2009, los trabajadores de bajos salarios se unieron para fortalecer las protecciones contra el robo de salarios en Nuevo México", dijo Gabriela Ibáñez Guzmán, abogada del Centro de Trabajadores de Somos Un Pueblo Unido y co-asesora en la demanda. "Esta legislación fue aprobada por ambas cámaras con un amplio margen porque el robo de salarios perjudica a todos, a los trabajadores, a las empresas respetuosas de la ley y a las economías locales. Pero nuestras leyes son tan buenas como las agencias gubernamentales apropiadas estén dispuestas a hacerlas cumplir. Este acuerdo envía el mensaje de que la aplicación de las leyes debe ser una prioridad".

Ahora que el tribunal ha emitido la aprobación final del acuerdo de conciliación, el DSM comenzará a aceptar solicitudes de trabajadores para volver a investigar las reclamaciones salariales que el DSM no aceptó inicialmente o no investigó correctamente. Esto incluye a los trabajadores que experimentaron los siguientes problemas:

• El DSM rechazó o devolvió el formulario de reclamación sin investigar la reclamación;
• El DSM rechazó, cerró o investigó de forma incompleta la reclamación salarial debido a un límite ilegal de 10.000 dólares o al plazo de un año;
• El DSM tomó una decisión a favor del empleador por una razón jurisdiccional indebida;
• El DSM cerró la reclamación salarial después de que el empleado o el empleador incumplieran un plazo o una audiencia.

"Cuando mi hermana y yo fuimos al Departamento de Soluciones de la Fuerza Laboral para presentar nuestras reclamaciones salariales, tuvimos problemas para comunicarnos con la gente de esta oficina porque no proporcionaban servicios de traducción", dijo Sabina Armendariz, una trabajadora inmigrante de bajos ingresos, madre soltera y miembro de El CENTRO de Igualdad y Derechos. "Ahora, todos los hispanohablantes tendrán el mismo acceso a los servicios del DSM. Este acuerdo de conciliación es un ejemplo de lo que puede ocurrir cuando los trabajadores con salarios bajos se organizan para hacer frente a los abusos laborales y trabajan para exigir responsabilidades a las propias instituciones gubernamentales encargadas de hacer cumplir las leyes. Animamos a otros trabajadores a que se presenten y expongan sus casos".

Varios trabajadores tienen previsto presentar sus denuncias por robo de salario ante el DSM después de la audiencia.

"Estoy deseando presentar mi denuncia por robo de salario junto con tres de mis compañeros de trabajo", dijo Yesenia Sánchez, madre de tres hijos y miembro del Centro de Trabajadores Unidos de Somos Un Pueblo Unido. "Me alegra saber que nuestras denuncias serán tomadas en serio y no serán rechazadas".

A partir del 16 de marzo, el DSM también tomará varias medidas para notificar a los trabajadores acerca de sus derechos, incluyendo la publicación de anuncios de radio en inglés y español, la provisión de información sobre el proceso de reclamación salarial en la página principal del sitio web del DSM, el envío por correo de una notificación a la clase con instrucciones sobre el derecho a solicitar una nueva investigación y la publicación de avisos en todas las oficinas del DSM en todo el estado.

El caso, Olivas v. Bussey, fue presentado en enero de 2017 por cuatro víctimas de robo de salarios y organizaciones de derechos de los trabajadores El CENTRO de Igualdad y Derechos, New Mexico Comunidades en Acción y de Fe (CAFÉ), Organizers in the Land of Enchantment (OLÉ), y Somos Un Pueblo Unido. Los demandantes alegaron que el DSM no había investigado ni resuelto las reclamaciones salariales relativas a las violaciones de las leyes de pago de salarios de Nuevo México.

Los trabajadores y organizaciones demandantes y el DSM presentaron una moción conjunta el 20 de diciembre de 2017 en el Tribunal del Primer Distrito Judicial pidiendo al juez Thomson que apruebe el acuerdo de conciliación de la demanda colectiva.

"Las barreras lingüísticas no deben ser una razón por la que los trabajadores de Nuevo México sufran de robo de salario. Las personas con acceso limitado al idioma inglés deben ser informadas plenamente por las agencias del gobierno estatal, como el DWS, y no deben tener limitaciones adicionales al presentar o perseguir reclamaciones por robo de salario. Nuestro mensaje es alto y claro: no descansaremos hasta que acabemos con el robo de salarios y los abusos laborales en Nuevo México", dijo Javier Castillo Chávez, un trabajador inmigrante de bajos salarios y miembro de El Centro cuyo caso de reclamación salarial tuvo éxito gracias a las nuevas regulaciones del DWS puestas en marcha debido al acuerdo de demanda colectiva.

Además de volver a investigar las reclamaciones salariales anteriores y notificar a los trabajadores sus derechos, el DSM también ha aplicado las siguientes políticas para poner fin a las prácticas impugnadas en la demanda:

• LRD investiga todas las reclamaciones salariales, independientemente de su valor en dólares;
• El LRD emprende acciones para hacer cumplir las reclamaciones salariales que se remontan a tres años atrás, o más si la infracción forma parte de una conducta continuada;
• Los empresarios que no paguen el salario mínimo o las horas extraordinarias deben pagar una indemnización a los reclamantes de salarios, calculada en tres veces el valor de los salarios no pagados;
• El LRD ya no cierra las reclamaciones salariales por motivos procesales no permitidos.
• El LRD proporciona servicios de acceso lingüístico a todos los reclamantes de salarios que lo necesiten solicitando la preferencia lingüística de cada reclamante en el formulario de reclamación, proporcionando interpretación en cada interacción telefónica y en persona, traduciendo todas las cartas y formularios de reclamación al español, permitiendo a los reclamantes rellenar los formularios de reclamación en cualquier idioma y ofreciendo un intérprete a cualquier persona que llame por teléfono a la agencia.

Además, el LRD ha renovado sus políticas y procedimientos para que la agencia cumpla con las leyes salariales de Nuevo México. Esto incluye la adopción de un manual de investigaciones disponible al público que establece cómo el LRD hace cumplir la ley, que el LRD y los abogados de los demandantes están escribiendo juntos. Los abogados de los demandantes también revisarán los expedientes de los trabajadores para identificar las reclamaciones salariales que el LRD puede considerar para una acción de aplicación en el lugar de trabajo.

Las personas que hayan experimentado un problema con una reclamación salarial en el DSM deben solicitar una nueva investigación o ponerse en contacto:

• Centro de Derecho y Pobreza de Nuevo México: (505) 255-2840
• Somos Un Pueblo Unido: ( 505) 424-7832
• El CENTRO de Igualdad y Derechos: ( 505) 246-1627

El aviso de derechos, el formulario de reclamación y las instrucciones para solicitar una nueva investigación estarán disponibles en un enlace de la página web del DSM a partir del 16 de marzo.

Elizabeth Wagoner, del Centro de Derecho y Pobreza de Nuevo México, es la abogada principal de un equipo legal que incluye a Gail Evans, Stephanie Welch y Juan Martínez del Centro, al abogado de Santa Fe Daniel Yohalem y a Gabriela Ibáñez Guzmán de Somos Un Pueblo Unido.