Las familias y los distritos escolares afirman que se están violando los derechos constitucionales de los estudiantes
SANTA FE, NM - Hoy marca el último día de testimonio en un juicio de ocho semanas contra el estado de Nuevo México, en un caso que alega que el Estado ha violado los derechos constitucionales de sus estudiantes de las escuelas públicas.
La demanda consolidada, que fue presentada por el Centro de Derecho y Pobreza de Nuevo México (el Centro) y MALDEF (Fondo Mexicano-Americano para la Defensa Legal y la Educación), alega que la financiación arbitraria e inadecuada de las escuelas públicas por parte del Estado, y la falta de control y supervisión necesarios, privan a los niños -especialmente a los de bajos ingresos, a los nativos americanos y a los estudiantes de inglés- de una educación suficiente, en violación de la Constitución de Nuevo México.
"Quedó muy claro desde la defensa que el Estado está en negación sobre la crisis educativa que enfrentan los estudiantes de Nuevo México", dijo Marisa Bono, Consejera Regional del Suroeste de MALDEF. "Esperamos un fallo de la Corte que obligue al Estado a dejar de juguetear mientras arde Roma, y a empezar a ofrecer igualdad de oportunidades educativas a todos los estudiantes".
En el transcurso del juicio, una serie de respetados expertos nacionales y estatales dieron testimonio de cómo el sistema escolar público de Nuevo México está en crisis. Proporcionaron datos sobre los pésimos resultados educativos del Estado, sobre todo que tres de cada cuatro estudiantes no pueden leer o escribir a nivel de grado y dos tercios no pueden hacer matemáticas a nivel de grado, que las tasas de graduación están entre las más bajas de la nación, y una mayoría de los graduados de Nuevo México no están preparados para la universidad y la carrera.
"Escuchamos a superintendentes de todo el estado que testificaron que la falta de recursos y programas de calidad disponibles para las escuelas está perjudicando a sus estudiantes", dijo Preston Sánchez, abogado del Centro. "No pueden permitirse los tipos de programas que saben que funcionan, no pueden comprar materiales y libros de texto actualizados, no pueden proporcionar suficientes programas extraescolares, formación de profesores e incluso autobuses".
Los educadores y líderes escolares de todo el Estado discutieron las distintas necesidades de la gran población de estudiantes de inglés de Nuevo México y la importancia de ampliar el acceso a programas de educación bilingüe/multicultural de calidad y a maestros debidamente capacitados. El propio experto del PED admitió que el Estado no proporciona supervisión o monitoreo para miles de estudiantes de inglés en el Estado.
El testimonio de los testigos abordó las formas en que las injusticias históricas y actuales han llevado a resultados dispares para los estudiantes nativos y los estudiantes que aprenden el idioma inglés. Los testigos expertos reiteraron la necesidad de una programación cultural y lingüísticamente relevante como medio basado en la evidencia para mejorar el rendimiento de los estudiantes.
Además, se ofrecieron testimonios sobre las medidas que deberían tomarse para mejorar fundamentalmente los resultados académicos y cerrar la brecha de rendimiento. Fue prácticamente indiscutible que el preescolar de alta calidad y las oportunidades de aprendizaje extendido como el Programa K-3 Plus, que agrega 25 días más al año escolar para los estudiantes de la escuela primaria, son necesarios para asegurar que los estudiantes de bajos ingresos y ELL comiencen la escuela listos, sin embargo, la mayoría de los niños elegibles en el Estado no tienen acceso a tales programas. Otros hablaron de la importancia de los servicios envolventes en un estado de alta pobreza como Nuevo México, como el acceso a trabajadores sociales y consejeros, tutores y servicios de salud en el campus que son necesarios para mitigar el impacto de la pobreza en el aprendizaje
Los testigos de la defensa declararon en el contrainterrogatorio que el Estado ha tomado decisiones políticas durante la última década que han beneficiado a los neomexicanos de mayores ingresos y a las corporaciones y que han provocado una pérdida de cientos de millones de dólares en ingresos estatales cada año. Los expertos de la defensa también reconocieron que los estudiantes que asisten a escuelas con altos niveles de pobreza tienen menos acceso a profesores eficaces, pero el Estado no ha proporcionado los recursos adecuados para ofrecer la tutoría y la formación que los profesores necesitan para mejorar, ni la compensación adecuada para las estrategias eficaces de contratación y retención de profesores.
La demanda del Centro, Yazzie contra el Estado de Nuevo México, fue presentada en marzo de 2014 en nombre de un grupo de familias y distritos escolares que incluyen Gallup-McKinley, Río Rancho, Santa Fe, Cuba, Moriarty/Edgewood y Lake Arthur. Las familias representadas tienen hijos que son estudiantes de inglés (ELL), nativos americanos o económicamente desfavorecidos y han sido impactados negativamente por la falta de recursos proporcionados a las escuelas públicas de Nuevo México.(Haga clic aquí para obtener información sobre el caso y los perfiles de los demandantes).
La demanda de Martínez fue presentada en nombre de los padres y los niños de las escuelas públicas de Española, Santa Fe, Albuquerque, Zuni, Magdalena, Las Cruces y Gadsden. Fue presentada en abril de 2014 por MALDEF después de extensas discusiones con grupos comunitarios, líderes locales y padres de familia en Nuevo México con respecto a las brechas crónicas de rendimiento en las pruebas estandarizadas y otras fallas sistémicas. Los abogados del estado intentaron desestimar la demanda, pero el tribunal denegó la petición y dictaminó por primera vez en la historia de Nuevo México que la educación es un derecho fundamental.(Haga clic aquí para ver una hoja informativa sobre el caso y una cronología de las fechas importantes).
El juicio por la demanda consolidada comenzó el 12 de junio de 2017. En él se pide que el tribunal declare que el actual sistema de educación pública es constitucionalmente insuficiente, y ordene al estado que proporcione la programación y los recursos necesarios para que todos los estudiantes de las escuelas públicas tengan éxito, así como que garantice que los fondos se distribuyan de forma equitativa, incluso para los estudiantes económicamente desfavorecidos y los estudiantes de inglés como segunda lengua.
Los asesores jurídicos del Centro en el caso son Gail Evans, Preston Sánchez, Lauren Winkler y Christopher Sánchez, del Centro, junto con los coasesores Daniel Yohalem y Mark D. Fine. La abogada principal de MALDEF es Marisa Bono, asesora regional del suroeste, y entre los asesores legales se encuentran los abogados Ernest Herrera y Jack Salmon; E. Martin Estrada, Nick Sidney y Jessica Baril de Munger, Tolles & Olson; Alejandra Ávila de Fried, Frank, Harris, Shriver & Jacobson, y David García.
La jueza del Tribunal de Distrito del Estado, Sarah Singleton, ha solicitado a las partes que presenten informes posteriores al juicio y se espera que se pronuncie sobre el caso este otoño o invierno.
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La misión del Centro de Derecho y Pobreza de Nuevo México es promover la justicia económica y social social a través de la educación, la defensa y el litigio. El Centro trabaja con personas de bajos ingresos de Nuevo para mejorar las condiciones de vida, aumentar las oportunidades y proteger los derechos de las personas que viven en la pobreza. Su misión se basa en la visión de un Nuevo México sin pobreza, donde se cumplan los derechos humanos básicos de todas las personas. donde se cumplan los derechos humanos básicos de todas las personas. Para más información sobre la demanda de Yazzie, incluyendo perfiles de los demandantes, visite: https://www.nmpovertylaw.org/our-work/education-2/. Para consultas de los medios de comunicación para los medios de comunicación, póngase en contacto con María Archuleta en el (505) 255-2840 o en MariaA@nm-law-poverty.nmcodev.com.
Fundada en 1968, MALDEF es la principal organización de derechos civiles de los latinos del país. A menudo descrita como la "Voz Legal Latina para los Derechos Civiles en América", MALDEF MALDEF promueve el cambio social social a través de la defensa, la comunicación, la educación comunitaria y el litigio en las áreas de educación, empleo, derechos de los inmigrantes y acceso político. Para más información sobre MALDEF, visite: www.maldef.org. Para consultas de los medios de comunicación, póngase en contacto con Tony Marcano en el (213) 629-2512 ext. 128 o en amarcano@maldef.org.