SANTA FE, NM-En una audiencia previa al juicio que comienza el lunes 22 de mayo, el Centro de Derecho y Pobreza de Nuevo México (el Centro) pedirá al Tribunal del Primer Distrito Judicial que declare que el Estado no ha cumplido con su obligación constitucional de proporcionar a los niños los apoyos necesarios para aprender y tener éxito. El Centro también pedirá al Tribunal que dictamine que el sistema de educación del Estado es inconstitucional en lo que respecta a los estudiantes nativos americanos.

"La educación es un derecho, no un privilegio. Es hora de que el Estado de Nuevo México dé un paso adelante y cumpla con su responsabilidad constitucional de proporcionar a las escuelas públicas los recursos y la programación que necesitan para promover el éxito de todos los niños", dijo Edward Tabet-Cubero, Director Ejecutivo del Centro. "Es inaceptable que una gran mayoría de nuestros niños no puedan leer, escribir o hacer matemáticas a nivel de grado. El Estado está fallando a nuestros niños".

Las mociones del Centro para un juicio sumario en la demanda, Yazzie contra el Estado de Nuevo México, son en nombre de un grupo de familias y distritos escolares de Nuevo México, incluyendo Gallup, Río Rancho, Santa Fe, Cuba, Moriarty/Edgewood y Lake Arthur. Las familias representadas tienen hijos que son estudiantes de inglés (ELL), nativos americanos o económicamente desfavorecidos y han sido impactados negativamente por la falta de recursos proporcionados a las escuelas públicas de Nuevo México.

Marsha Leno, una de las demandantes en el caso, vive en McCartys, en el oeste de Nuevo México. Cinco de sus seis hijos están matriculados en las escuelas del condado de Cibola-Grants (GCCS). Como muchas familias del distrito, Marsha y los niños hablan tanto kerés como inglés en casa. Sus hijos han tenido dificultades en Lengua Inglesa y otros cursos que requieren escritura. Por desgracia, el distrito carece de un programa bilingüe y de inglés como segunda lengua adecuado para los estudiantes nativos americanos. El superintendente del GCCS dijo a Leno que el distrito carece de fondos suficientes para resolver estos problemas.

La demanda del Centro busca que el Tribunal ordene y haga responsable al Estado de cumplir con su responsabilidad legal de proporcionar la programación y los recursos necesarios para que todos los estudiantes de las escuelas públicas tengan éxito. La demanda también pretende garantizar que los fondos se distribuyan de forma equitativa, incluso para los estudiantes económicamente desfavorecidos, los nativos americanos y los que aprenden inglés.

"El Estado de Nuevo México ha estado matando de hambre a sus escuelas públicas durante años y la legislación sigue fallando", dijo Lauren Winkler, una de las abogadas del Centro que trabaja en el caso. "Nuestros niños son tan inteligentes y están tan motivados como otros niños en todo el país. Tenemos familias cariñosas, profesores comprometidos y comunidades dedicadas a la educación de sus hijos. Pero nuestras escuelas han intentado hacer más con menos, y son nuestros niños los que están sufriendo el fracaso del Estado."

Yazzie contra el Estado de Nuevo México fue presentado originalmente en marzo de 2014 y consolidado con un caso similar, Martínez contra el Estado de Nuevo México. Los padres e hijos de Martinez son de Española, Santa Fe, Albuquerque, Zuni, Magdalena, Las Cruces y Gadsden.

La demanda consolidada va a juicio el 12 de junio de 2017.

Entre los asesores jurídicos de la demanda de Yazzie se encuentran Gail Evans, Preston Sánchez, Christopher Sánchez y Lauren Winkler, del Centro, junto con los coasesores Daniel Yohalem y Mark D. Fine.

Los documentos legales del caso se pueden encontrar aquí.