El juez del Tribunal Federal de Distrito Kenneth Gonzales y la jueza federal Carmen Garza emitieron una orden judicial a última hora de la tarde del lunes para impedir que el estado aplique un nuevo límite de tiempo de tres meses para la asistencia alimentaria. La orden judicial protege a 17.500 neomexicanos elegibles de perder la asistencia alimentaria debido a problemas con la administración del estado del límite de tiempo.
El 1 de enero de 2016, el estado comenzó a aplicar una nueva normativa que penalizaría a los adultos sin hijos de entre 18 y 50 años limitándolos a solo 3 meses de asistencia alimentaria si no trabajaban al menos 20 horas a la semana o participaban en un programa de formación laboral que cumpliera los requisitos.
El Centro de Derecho y Pobreza de Nuevo México ha estado tratando de impedir que el estado establezca límites de tiempo hasta que puedan ser implementados sin causar que las personas elegibles pierdan indebidamente la asistencia alimentaria. El centro jurídico presentó una solicitud de requerimiento judicial en nombre de los adultos indebidamente sujetos a la sanción que no habían recibido información básica sobre las normas. Entre los demandantes nombrados se encontraban adultos sin hogar y discapacitados, así como adultos que trabajaban y a los que se les habían retrasado ilegalmente las prestaciones.
En una audiencia de seis horas celebrada en Las Cruces, el juez Gonzales y el juez Garza escucharon el testimonio de personas que corrían el riesgo de perder la ayuda alimentaria durante tres años porque el Departamento de Servicios Humanos no les eximió adecuadamente del límite de tiempo o no les dio la información necesaria para cumplirlo. Al dictar la orden judicial, el Tribunal reconoció los "graves perjuicios" que probablemente se deriven de la aplicación fallida e ilegal del plazo por parte del Estado, como el aumento del hambre y la desnutrición y el incremento de la carga para los bancos de alimentos. El Tribunal consideró que el daño a los solicitantes superaba con creces la carga administrativa que suponía para el Estado el retraso de la aplicación.
Los datos nacionales muestran que los adultos sujetos al límite de tiempo son extremadamente pobres, ya que viven por debajo del 17% del nivel de pobreza federal y, por lo general, no son elegibles para ninguna otra forma de asistencia. Nuevo México tiene el mayor desempleo de Estados Unidos y uno de los índices más altos de inseguridad alimentaria del país. Esta es la segunda vez que un tribunal impide que el gobernador Martínez aplique el plazo de tres meses. Un Tribunal de Distrito de Nuevo México emitió una Orden de Restricción Temporal en octubre de 2014 y el Departamento estipuló una orden judicial.
Sovereign Hager, abogada del Centro sobre la Ley y la Pobreza declaró "nos complace que los adultos desempleados no se enfrentarán a la pérdida ilegal de la asistencia alimentaria, además de las dificultades económicas que muchos ya están enfrentando en Nuevo México. El estado debe hacer que la administración del programa de asistencia alimentaria cumpla con la ley antes de optar por implementar un límite de tres meses para los adultos desempleados. Esperamos que el estado se tome este tiempo para corregir los errores del programa y asegurar que cualquier requisito proporcione oportunidades significativas para los desempleados de Nuevo México."
Haga clic aquí para descargar una copia en pdf del comunicado de prensa: Comunicado de prensa-HSD defectuosa aplicación del límite de tiempo SNAP enjoined-2015-03-08
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Gail Evans, Directora Jurídica, Centro de Derecho y Pobreza de Nuevo México (505) 255-2840
Sovereign Hager, abogada del Centro de Derecho y Pobreza de Nuevo México (505) 417-2084