SANTA FE-Hoy, después de más de una década de trabajo de las familias y los líderes de la comunidad que buscan un acceso justo a las agencias estatales para los nuevos mexicanos que no hablan Inglés, el gobernador firmó un proyecto de ley que obliga a las agencias estatales a crear e implementar planes para los servicios de traducción e interpretación. 

El proyecto de ley 22 de la Cámara de Representantes: Acceso limitado al inglés a los programas estatales entra en vigor en julio de 2023.

"Esta ley garantizará a más nuevomexicanos sus derechos a los recursos públicos, aliviará a las pequeñas organizaciones de base de la carga de ser un cajón de sastre para llenar los vacíos en los servicios accesibles, y devolverá a los nuevomexicanos el poder de tomar decisiones informadas y la agencia", dijo Sachi Watase, del Centro Familiar Asiático de Nuevo México. "Nuestras comunidades han pedido un acceso lingüístico equitativo. Hoy, estamos encantados de que nuestro estado esté dando este paso para honrar el compromiso y las décadas de trabajo de mis predecesores y antepasados, las organizaciones comunitarias y los defensores, nuestros patrocinadores del proyecto de ley, los legisladores y funcionarios públicos, los trabajadores esenciales que han sido testigos del daño que las barreras lingüísticas han causado de primera mano, y por supuesto, las generaciones de individuos, familias, comunidades y aliados en todo Nuevo México que han trabajado incansablemente para sentar las bases para ayudarnos a llegar hasta aquí hoy."

Patrocinado por los representantes Kay Bounkeua, Patricia Roybal Caballero y los senadores Antoinette Sedillo-López y Mimi Stewart, el proyecto de ley HB 22 requiere que todas las agencias estatales con secretarias recopilen datos sobre el uso del idioma por parte de las familias a las que la agencia sirve y que desarrollen e implementen planes para garantizar un acceso significativo a los servicios estatales a través de la traducción y la interpretación. 

"Las culturas y lenguas de nuestro estado son algunas de nuestras mayores fortalezas", dijo Verenice Peregrino Pompa, abogada del Centro de Derecho y Pobreza de Nuevo México. "Agradecemos a la gobernadora por demostrar su compromiso con la justicia racial al firmar este proyecto de ley. También agradecemos a los patrocinadores del proyecto de ley y al Centro de Familias Asiáticas de Nuevo México por liderar este esfuerzo para el acceso justo a los servicios estatales para todos los nuevos mexicanos, independientemente del idioma que hablen."

La firma del proyecto de ley se produce tras una sentencia del tribunal federal del 25 de febrero de 2022 que reafirma la obligación del Departamento de Servicios Humanos de Nuevo México de identificar los idiomas que hablan las familias que intentan acceder a la asistencia alimentaria y médica y de traducir los documentos en función de la demografía de las personas a las que atienden las oficinas de la agencia local. El tribunal también ordenó al HSD que incluyera información sobre la disponibilidad de servicios de asistencia lingüística en los avisos de Medicaid y que arreglara inmediatamente su sistema telefónico automatizado para ofrecer interpretación en varios idiomas. 

El Departamento de Soluciones para la Fuerza Laboral de Nuevo México llegó a un acuerdo con el Departamento de Trabajo de los Estados Unidos en 2020, en el que se exige a la agencia que traduzca la solicitud y otros documentos utilizados en el sistema de desempleo. 

Los habitantes de Nuevo México que hablan otros idiomas además del inglés han informado de las barreras para acceder a la asistencia alimentaria y médica, lo que ha sido especialmente difícil durante la pandemia. Algunos perdieron la asistencia alimentaria varias veces porque los avisos sobre la renovación de las prestaciones sólo están en inglés. Otros informaron que tuvieron que pagar a intérpretes privados, a pesar de no tener ingresos, y que tuvieron que lidiar con contactos innecesarios en persona durante la emergencia de salud pública. 

Las organizaciones comunitarias que trabajan directamente con los habitantes de Nuevo México que hablan idiomas distintos del inglés o el español, como el Centro de Familias Asiáticas de Nuevo México y el Proyecto de Bienestar de los Refugiados, actualmente tienen que desviar recursos limitados para proporcionar servicios de traducción e interpretación que son responsabilidad del estado según la ley federal y estatal. 

Muchos habitantes de Nuevo México hablan idiomas distintos del inglés, como el vietnamita, el chino, el dari, el árabe, el swahili, el kinyarwanda y el diné. Muchos de estos idiomas alcanzan los umbrales de población que requieren la traducción de las solicitudes y documentos de asistencia alimentaria y médica según la ley federal. Sin embargo, el estado normalmente sólo proporciona documentos escritos en inglés y a veces en español, y los intérpretes orales pueden ser difíciles de alcanzar sin ayuda adicional. 

La orden judicial puede encontrarse aquí: https://www.nmpovertylaw.org/language-access-order-hatten-gonzales-v-scrase-2022-03-01/

Puede encontrar información sobre la ley HB 22 aquí: https://drive.google.com/file/d/1j6ZmNw7JHYZ3KoXzTwq-nU26SIQRUxeZ/view