La sentencia se produce en el momento en que el proyecto de ley HB 22, que obliga a los organismos estatales a planificar los servicios de traducción e interpretación, se abre paso en la Legislatura.

ALBUQUERQUE-La semana pasada, un tribunal federal ordenó al Departamento de Servicios Humanos de Nuevo México que recopilara datos sobre los idiomas hablados por los nuevomexicanos a los que atiende el programa estatal de asistencia médica y alimentaria, y afirmó la obligación legal de la agencia de traducir los documentos en función de la demografía de las personas atendidas por las oficinas locales de la agencia. 

"Nos sentimos aliviados y alentados por la orden del juez. Todo el mundo, incluidos los que hablan idiomas distintos del inglés, merece tener acceso a los recursos destinados a apoyarlos", dijo Sachi Watase, del Centro de Familias Asiáticas de Nuevo México. "Este tipo de discriminación lingüística no es nueva. Desafortunadamente, la salud y la seguridad de demasiados nuevomexicanos están predefinidas por estas barreras inequitativas. La falta de traducción es parte de un problema sistémico que ignora la existencia de los asiáticos en Nuevo México."

La orden da al HSD un plazo máximo de 30 días para elaborar y empezar a realizar una encuesta de 90 días y presentar un informe sobre los resultados a más tardar 15 días después de que se haya completado la encuesta.

Las familias de Nuevo México que hablan otros idiomas además del inglés han informado de las barreras para acceder a la asistencia alimentaria y médica, lo que ha sido especialmente difícil durante la pandemia. Algunos perdieron la asistencia alimentaria varias veces porque los avisos sobre la renovación de las prestaciones sólo están en inglés. Otros informaron que tuvieron que pagar a intérpretes privados, a pesar de no tener ingresos, y que tuvieron que lidiar con contactos innecesarios en persona durante la emergencia de salud pública. 

A pesar de los repetidos intentos desde 2009 de llamar la atención del HSD sobre estos problemas, la agencia se negó a abordarlos. Los solicitantes de asistencia alimentaria y médica, representados por el Centro de Derecho y Pobreza de Nuevo México, presentaron una moción en octubre de 2021 en la demanda de Deborah Hatten Gonzales contra David Scrase. El juez del Tribunal de Distrito de EE.UU., Kenneth Gonzales, falló sobre la moción el viernes pasado. 

"Todo el mundo debería tener acceso a los servicios estatales, independientemente del idioma que hablen. La orden judicial que exige al HSD que recopile datos sobre el idioma de las familias que solicitan beneficios es un primer paso importante para proporcionar un acceso significativo a los servicios estatales para los nuevos mexicanos", dijo Verenice Peregrino Pompa, abogada del Centro de Derecho y Pobreza de Nuevo México.

Las organizaciones comunitarias que trabajan directamente con los habitantes de Nuevo México que hablan idiomas distintos del inglés o el español, como el Centro de Familias Asiáticas de Nuevo México y el Proyecto de Bienestar de los Refugiados, tienen que desviar sus limitados recursos y asumir clientes adicionales para prestar servicios de traducción e interpretación que son responsabilidad del Estado en virtud de la legislación federal y estatal. 

Muchos habitantes de Nuevo México hablan idiomas distintos del inglés, como el vietnamita, el chino, el dari, el árabe, el swahili, el kinyarwanda y el diné. Muchos de estos idiomas alcanzan los umbrales de población que requieren la traducción de las solicitudes y documentos de asistencia alimentaria y médica según la ley federal. Sin embargo, el estado sólo proporciona documentos escritos en inglés y español y es casi imposible acceder a intérpretes orales sin ayuda adicional. 

Un proyecto de ley, patrocinado por los Representantes Kay Bounkeua y Roybal Caballero y que actualmente avanza en la Legislatura, podría ayudar a rectificar la falta de traducción e interpretación adecuadas de las agencias estatales. El proyecto de ley 22 de la Cámara de Representantes: Acceso Limitado al Inglés a los Programas Estatales exigiría a todas las agencias estatales con secretarias que realicen un análisis similar del uso del idioma y desarrollen un plan de acceso lingüístico de la agencia. El viernes pasado, el mismo día en que se emitió la orden judicial, el proyecto de ley fue aprobado por la Comisión de Gobierno, Elecciones y Asuntos Indígenas de la Cámara de Representantes.

"Un plan es fundamental para que las agencias puedan determinar la mejor manera de proporcionar los servicios de traducción e interpretación necesarios que muchos nuevos mexicanos necesitan para acceder a los servicios estatales", dijo Peregrino Pompa.

La larga demanda de Hatten-Gonzales se presentó originalmente en 1989. En 2016, el tribunal declaró al exsecretario del HSD, Brent Earnest, en desacato por no haber eliminado las barreras sistémicas a la asistencia para las familias elegibles que solicitan asistencia alimentaria y de Medicaid, y nombró a un Maestro Especial para supervisar y hacer recomendaciones al departamento.

La orden judicial puede encontrarse aquí: https://cookieless-offload.s3.us-west-2.amazonaws.com/nmpovertylaw/Order-Language+Access-DHG-2022-01-21-compressed.pdf

La orden de septiembre de 2021 para que el HSD aplique un plan de acción correctiva puede encontrarse aquí: https://drive.google.com/file/d/1r-N6N8KCIk1sJDxxxywIY5Zz7dIeRf81/view?usp=sharing

Puede encontrar información sobre la ley HB 22 aquí: https: //drive.google.com/file/d/1j6ZmNw7JHYZ3KoXzTwq-nU26SIQRUxeZ/view