La administración Trump propone una nueva norma que obligaría a las familias inmigrantes a decidir entre vivir juntas o separarse para evitar el desalojo de la vivienda.

En mayo, el Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano de Estados Unidos propuso una nueva norma que impediría a las familias con "estatus mixto" vivir juntas en viviendas públicas o recibir vales de vivienda de la Sección 8. Las familias con estatus mixto consisten en miembros de la familia que son a la vez elegibles y no elegibles para recibir asistencia de vivienda pública sobre la base de su estatus de inmigración.

Según las normas actuales, los miembros de la familia que no reúnen los requisitos pueden vivir en el mismo hogar con su familia, pero el importe de la ayuda del HUD se basa en el número de miembros de la familia que reúnen los requisitos. Ninguna de las ayudas a la vivienda pública paga la parte del alquiler de un miembro de la familia no elegible.

La norma propuesta por la administración Trump es un ataque general a todas las familias inmigrantes que necesitan ayuda para la vivienda. Una persona puede tener un estatus migratorio legal, pero aún no ser elegible para la asistencia de vivienda. Ejemplos de inmigrantes con estatus legal que no califican para la asistencia de vivienda pública incluyen a los inmigrantes con visas de estudiante o de trabajo, así como a los sobrevivientes de delitos graves a quienes se les otorgan visas U.

¡Por favor, dígale a la administración de Trump que abandone esta regla dura e injusta!

El propio análisis del HUD afirma que más de 55.000 niños que son ciudadanos estadounidenses o titulares de tarjetas verdes podrían ser desalojados de sus hogares familiares bajo la política propuesta.

También obligaría a decenas de miles de proveedores de vivienda a recopilar documentos de los residentes que "prueben" su ciudadanía. Este requisito afectará a más de nueve millones de ciudadanos estadounidenses y a 120.000 inmigrantes de edad avanzada. Muchos de estos inquilinos, especialmente los ancianos y los que tienen discapacidades, se enfrentan a graves obstáculos para acceder a la documentación requerida.

Dígale a la administración de Trump que mantenga a las familias unidas en Nuevo México y en la nación, enviando su comentario público antes del 9 de julio de 2019!

A continuación, encontrará algunos contenidos para incluir en su comentario. Para maximizar su impacto, asegúrese de que su comentario tenga al menos un tercio de texto original. Puede enviar su comentario aquí: https://www.regulations.gov/docket?D=HUD-2019-0044

Ejemplo de contenido para su comentario público:

• Las familias se enfrentarán a la decisión de separarse para recibir la ayuda a la vivienda o renunciar a la ayuda y enfrentarse a la falta de hogar para permanecer juntas.
• Las familias de estatus mixto serán desalojadas en los 18 meses siguientes a la aplicación de la nueva norma o antes.
• Las estadísticas del HUD muestran que la norma propuesta desalojará hasta 25.000 familias inmigrantes, incluidos 55.000 niños, que tienen derecho a recibir ayuda para la vivienda.
• Más de 9 millones de ciudadanos estadounidenses y 120.000 inmigrantes de edad avanzada deben aportar más documentación sobre su elegibilidad para seguir recibiendo ayudas a la vivienda. Muchas de estas personas se enfrentarán a graves obstáculos para acceder a la documentación requerida.
• En realidad, la norma propuesta costará más para proporcionar ayudas a la vivienda a menos personas. Millones de familias luchan por encontrar una vivienda asequible; sin embargo, culpar a los inmigrantes no resolverá este problema. Dado que la legislación vigente exige que los subsidios se prorrateen para ayudar únicamente a los inmigrantes o ciudadanos que reúnan los requisitos necesarios en un hogar, la nueva norma se limitará a trasladar las ayudas a la vivienda a otras personas que reúnan los requisitos. El propio análisis del HUD admite que la política costará aproximadamente 200 millones de dólares y dará lugar a una reducción de la calidad y la cantidad de las viviendas asistidas.
• La política dará lugar a importantes costes y cargas administrativas. Exigirá a los proveedores de vivienda que verifiquen una documentación que antes no se exigía a millones de residentes. Además, obligará a las autoridades de la vivienda a desarrollar nuevas políticas para determinar qué familias pueden seguir recibiendo ayudas a la vivienda.