ALBUQUERQUE, NM- El bufete de abogados de Ives y Flores, junto con la Unión Americana de Libertades Civiles de Nuevo México (ACLU-NM), el Centro de Nuevo México sobre la Ley y la Pobreza (NMCLP), y el abogado Nick Davis presentaron hoy una demanda en nombre de las personas sin vivienda que viven en Albuquerque para detener a la Ciudad de Albuquerque de destruir ilegalmente campamentos y propiedades, encarcelar y multar a la gente.

"Cerraron de repente Coronado Park y tiraron mis cosas a un camión de basura. Les supliqué que me las devolvieran, pero actuaron como si yo ni siquiera estuviera allí", relata Scott Yelton, demandante en la demanda que se quedó sin vivienda en septiembre de 2019, después de perder su trabajo y separarse de su mujer. "Se llevaron mi estufa, mi tienda de campaña, saco de dormir, ropa y mi certificado de nacimiento. Pero lo peor es que se llevaron fotos familiares que nunca podré reemplazar".

El 17 de agosto de 2022, la ciudad de Albuquerque cerró el Parque Coronado, donde los neomexicanos sin techo encontraban comunidad y un lugar donde dormir por la noche. Los funcionarios municipales vallaron el parque, obligaron a las personas que se alojaban allí a marcharse y se deshicieron de sus pertenencias. Este acto desplazó a decenas de neomexicanos sin techo, muchos de los cuales siguen sin tener un lugar seguro donde alojarse.

La ciudad reconoce que no hay camas suficientes en los albergues existentes.

Varios de los demandantes afirman que vivir en la calle era más seguro que alojarse en el Albergue Westside, donde se enfrentaban a robos y condiciones insalubres, y que cada vez que encontraban un nuevo lugar donde vivir, la policía les obligaba a trasladarse.

"Con la bajada de las temperaturas, la gente corre el riesgo de morir expuesta a los elementos. Es moralmente inaceptable que la ciudad castigue a personas sin vivienda ni refugio por participar en actividades vitales", afirmó Laura Schauer Ives, socia del bufete de abogados Ives y Flores. "En lugar de ofrecer servicios como vivienda asequible, oportunidades de empleo y tratamiento de discapacidades, la ciudad les está echando de sus casas".

En Albuquerque, y en todo el país, el aumento de los alquileres, las tasas de vacantes de alquiler históricamente bajas y la disminución de viviendas con subsidio federal han llevado a una escasez crítica de unidades de vivienda asequible. Los alquileres en Albuquerque aumentaron entre un 10% y un 19,9% en el primer trimestre de 2022.

"La crisis de la vivienda afecta a todos, pero perjudica desproporcionadamente a las personas con salud mental y otras discapacidades", dijo María Griego, directora de equidad económica de NMCLP. "Verse obligado a mudarse y que le confisquen sus pertenencias aumenta la inestabilidad, lo que hace aún más difícil encontrar trabajo, obtener medicamentos, ver a un trabajador social o encontrar una vivienda permanente."

"Las leyes que criminalizan a las personas sin hogar hacen que sea más difícil para las personas encontrar vivienda y empleo. Incluso las condenas por delitos menores pueden hacer que alguien no sea elegible para una vivienda subsidiada", dijo María Martínez Sánchez, directora legal de ACLU-NM. "Criminalizar a las personas sin hogar no hace nada para abordar sus causas profundas. De hecho, agrava el problema. Conocemos la solución: viviendas asequibles. La ciudad sólo tiene que encontrar la voluntad y el coraje para hacerlo realidad."

Encontrará una copia de la demanda aquí: https://www.nmpovertylaw.org/wp-content/uploads/2022/12/final_complaint_class_action.pdf