Todos hemos oído hablar de la crisis de las ejecuciones hipotecarias. Pero en Nuevo México, las familias han estado perdiendo sus casas desde mucho antes de que comenzara la crisis. Ninguna ley de Nuevo México protege a los consumidores que compran una vivienda mediante un contrato inmobiliario, un simple acuerdo de compra de un terreno sin utilizar la financiación de terceros. Como resultado, las familias de bajos ingresos viven sin la infraestructura básica y corren el riesgo de perder sus casas si se pierden un solo pago. Los compradores de contratos inmobiliarios merecen las mismas protecciones básicas para el consumidor que los demás compradores de viviendas.
