La semana pasada, el Departamento de Servicios Humanos retiró los cambios propuestos en los requisitos de trabajo para la asistencia alimentaria, admitiendo que el Departamento no podía aplicar legalmente las nuevas normas.

Este cambio de rumbo fue el resultado directo de nuestra demanda contra el proceso ilegal que el estado utilizó para implementar los nuevos requisitos. El Centro de Derecho y Pobreza de Nuevo México y el Proyecto de Organización del Suroeste, junto con los nuevos mexicanos que necesitan asistencia alimentaria, presentaron esta demanda el 31 de octubre. Nuestro caso destacó cómo el Departamento no siguió el procedimiento adecuado al no poner a disposición del público la propuesta completa. Además, la información que se dio a conocer contenía descripciones inexactas de los cambios de la norma y declaraciones contradictorias sobre cómo una persona puede cumplir con los requisitos, lo que hace imposible que los nuevos mexicanos cumplan.

Un juez del Tribunal de Distrito de Santa Fe consideró que las preocupaciones que expresamos eran válidas y emitió una orden de restricción temporal, lo que significa que los cambios propuestos no entrarían en vigor hasta que se celebrara una audiencia completa. Apenas unas horas antes de esa audiencia, los abogados del Departamento informaron al Centro y a SWOP de que el Estado retiraba la propuesta. Ese mismo día, nos enteramos de que la secretaria del Departamento de Servicios Humanos, Sidonie Squier, había dimitido.

Creemos que el Departamento de Servicios Humanos tiene la intención de volver a publicar la nueva normativa, que incluye la imposición de duras sanciones a quienes no puedan cumplir los requisitos: los adultos que no entiendan y sigan las normas podrían perder el acceso a la asistencia alimentaria durante los próximos 3 años, y otras familias podrían perder las prestaciones hasta un año, castigos devastadores para quienes luchan por ganarse la vida. Seguiremos atentos a estos cambios políticos para defender esta red de seguridad vital.