El NMCLP se echa a andar bajo la dirección del veterano abogado de servicios legales Bob Ericson y de una extraordinaria junta directiva.

NMCLP y los abogados pro bono ganan una decisión de la Corte Suprema de NM que anula el programa inconstitucional de asistencia en efectivo del Gobernador Johnson que negó el apoyo de ingresos críticos a 72.000 personas.

Nancy Koeningsberg toma el timón, dirigiendo el Centro en una promoción implacable para ampliar el acceso a los recursos públicos, incluyendo la Asistencia Temporal a las Familias Necesitadas, la asistencia alimentaria y Medicaid.

Nuestro personal trabaja estrechamente con los administradores del estado para ayudar a garantizar que los reglamentos que rigen el programa de asistencia monetaria NM Works se apliquen de forma legal y justa.

Convencemos al Estado de que proporcione beneficios de asistencia alimentaria a las mujeres embarazadas durante todo el embarazo, de acuerdo con la ley.

Lideramos los esfuerzos para aprobar la legislación que establece el primer Programa de Asistencia para el Reembolso de Préstamos de Nuevo México, ayudando a miles de abogados a pagar sus préstamos de la escuela de derecho mientras trabajan en empleos de interés público.

El NMCLP negocia importantes mejoras en los servicios de interpretación y traducción en la Universidad de Nuevo México.

Codirigimos los esfuerzos de cabildeo que garantizan una financiación estatal recurrente para las organizaciones de servicios legales civiles.

Apoyamos a los residentes de una colonia local en las negociaciones para establecer la primera estación de servicio de agua en su comunidad.

Convencimos al estado de Nuevo México de que pusiera fin al cierre automático de los casos de Medicaid, que había estado expulsando indebidamente cada mes a 10.000 personas, la mayoría niños, del programa de Medicaid.

Nuestra educación y promoción sobre la importancia crítica de Medicaid para los niños, las familias y la economía de Nuevo México protege al programa de los profundos recortes de fondos que afectaron a la mayoría de los programas gubernamentales durante la Gran Recesión.

Trabajamos con el Departamento de Servicios Humanos de NM para agilizar la tramitación de las solicitudes de beneficios alimentarios de emergencia.

Co-lideramos una creativa campaña cooperativa a nivel estatal para convencer a la Gobernadora de ampliar Medicaid bajo la Ley de Atención de Salud Asequible, lo que resultó en que más de 250,000 adultos fueran elegibles para el programa.

El NMCLP promueve la legislación para poner fin a la práctica del estado de suspender Medicaid para las personas que están encarceladas. En su lugar, la cobertura de salud se suspende y se reactiva antes de la reincorporación a la comunidad, un enfoque que ha demostrado aumentar el acceso a la atención de salud y la seguridad pública.

Ganamos una decisión histórica de la Corte Suprema de NM que pone fin a la exclusión de los trabajadores agrícolas de la compensación de los trabajadores, extendiendo esta importante protección a aproximadamente 15.000 personas que trabajan en las granjas, ranchos y lecherías de Nuevo México.

El NMCLP lleva a varios trabajadores del HSD a atestiguar ante un tribunal federal que los funcionarios de la agencia les pidieron que falsificaran las solicitudes de SNAP de emergencia - exponiendo ilegalidades sistémicas en todo el estado en el procesamiento de los casos de asistencia alimentaria y llevando al nombramiento de un Maestro Especial.

El NMCLP representa a los trabajadores y a los grupos de organización de trabajadores en una demanda colectiva que ha tenido éxito y que obliga al estado a aplicar mejor las leyes sobre salarios y horarios de trabajo y a responsabilizar a los empresarios cuando violan estas leyes.

Trabajamos con representantes tribales y con la UNM para lanzar conjuntamente el Instituto de Presupuesto y Política para los Nativos Americanos, con el fin de apoyar el poder de las comunidades indígenas para lograr un cambio sistémico.

La junta directiva asciende a las veteranas abogadas del NMCLP Sireesha Manne como directora ejecutiva y a Sovereign Hager como directora legal.

Ganamos el fallo judicial decisivo en el caso Yazzie/Martínez contra el Estado de Nuevo México, en el que se declara que el sistema educativo de Nuevo México es insuficiente para los estudiantes nativos americanos, los estudiantes de inglés, los estudiantes de bajos ingresos y los estudiantes con discapacidades.

En representación de las familias y los grupos comunitarios, obtenemos una sólida orden judicial que exige al estado que solucione los problemas de su administración del programa de asistencia para el cuidado de niños, ampliando el acceso de miles de niños cuyos padres trabajan o buscan capacitación laboral.

El NMCLP responde con agilidad a las necesidades de la comunidad durante la crisis de la COVID-19, poniendo en contacto a la gente con la información y los recursos y abogando por ampliar los esfuerzos de asistencia.

Tras años de litigio y promoción, convencimos al Departamento de Servicios Humanos para que corrigiera legalidades de hace mucho tiempo en su administración de Medicaid y SNAP.

Obtenemos un fallo judicial en el caso de educación Yazzie que ordena al estado proporcionar inmediatamente ordenadores e Internet de alta velocidad a miles de estudiantes que no tienen acceso para aprender a distancia, especialmente en las zonas rurales.

Trabajando en estrecha colaboración con los organizadores de la comunidad, nuestros esfuerzos garantizan una legislación innovadora para establecer: licencia por enfermedad pagada en todo el estado para todos los trabajadores, un Fondo de Asequibilidad de la Atención Médica para ampliar la cobertura de más de 30.000 personas, protecciones contra la deuda médica para los pacientes de bajos ingresos, y la prohibición de la discriminación contra los inmigrantes en los programas locales de atención médica.

Defendemos contra los desalojos y colaboramos con los formuladores de políticas, los abogados de asistencia legal y las organizaciones comunitarias en los esfuerzos que dan lugar a que el estado destine más de 28 millones de dólares en fondos de ayuda a la vivienda y al alquiler durante la crisis de COVID-19.